Acto administrativo: ¿Qué es y cómo se clasifica?

En este artículo compartimos la definición de acto administrativo y, también, identificamos varios criterios que pueden ayudarte a comprender su alcance e importancia. ¿Cómo se diferencia del procedimiento administrativo?

El acto administrativo es esencial para la Administración pública ya que le permite actuar en múltiples ámbitos. No obstante, como pasa con otros conceptos similares de este entorno, puede ser complejo entender qué significa exactamente y qué implicaciones tiene. Aquí conocerás sus principales características para evitar posibles confusiones.

Resolvemos dudas: ¿Qué es un acto administrativo?

Para poder profundizar en este término, necesitas comprender en primer lugar de qué se trata. Así pues, el Diccionario del Español Jurídico define el acto administrativo como “una decisión atribuible a una administración pública ya sea resolutoria o de trámite, declarativa, ejecutiva, consultiva, certificante, presunta, o de cualquier otra clase, cuando ha sido adoptada en ejercicio de una potestad administrativa”. Complejo, ¿cierto? Vamos a intentar aclararlo.

En realidad, no existe ningún precepto legal que defina explícitamente este concepto y, por esta razón, puede entenderse como una declaración unilateral de la Administración que causa efectos jurídicos. A partir de aquí, hay 3 características clave en cualquier acto administrativo:

• No es un negocio jurídico bilateral (pactos, contratos, convenios…) ni una expresión de intenciones u opiniones públicas.
• Se encuentra sujeto al derecho administrativo.
• No tiene carácter normativo pero sí debe respetar el ordenamiento jurídico.

Quizás te estás preguntando qué procedimientos se deben seguir o cómo se elabora un acto de estas características. No obstante, la normativa vigente no recoge estos aspectos y, en consecuencia, cualquier decisión de la Administración que tenga efectos de esta índole puede considerarse un acto administrativo. Así de simple. Por ejemplo, podríamos estar hablando del nombramiento de un funcionario o de una concesión de jubilación a un cargo público.

Criterios de clasificación de los actos administrativos

¿Ponemos un poco de orden? Un acto administrativo puede clasificarse en múltiples categorías según diferentes criterios:

• Exteriorización de la voluntad de la Administración: Aquí podríamos hablar de actos expresos cuando existe una declaración de la Administración y, también, de actos presuntos (silencio administrativo) cuando no manifiesta su voluntad.
• Efectos sobre los ciudadanos: Se puede diferenciar entre actos favorables que otorgan un derecho (por ejemplo, la concesión de una licencia de obras) y actos desfavorables que imponen una obligación (o privan de un derecho, como una sanción de tráfico).
• Según el destinatario: Podríamos clasificarlos en actos singulares si se trata de un destinatario concreto (la notificación de una resolución de una solicitud de un interesado específico, por ejemplo) y en actos generales si se refiere a un grupo de personas.
• En función de las consecuencias: Se podría hablar de actos resolutivos cuando deciden y ponen fin a un procedimiento administrativo y, también, de actos de trámite cuando son acciones que se realizan a lo largo de un procedimiento administrativo y que permiten llegar a la resolución de la Administración.
• Según si se puede interponer o no un recurso por la vía administrativa: Aquí se puede diferenciar entre aquellos actos que agotan la vía administrativa (no pueden ser recurridos ante la Administración, sólo se pueden impugnar a través de la jurisdicción contenciosa – administrativa) y los actos que no agotan esta vía (se pueden recurrir).
• En función de la discrecionalidad del órgano para dictar actos: Tendríamos actos reglados donde su contenido está predeterminado por ley y actos discrecionales en los cuales la Administración tiene cierta libertad para dictarlos.

Además, debes tener en cuenta que la Administración se considera una persona jurídica con una serie de poderes únicos que le facilitan velar y proteger los intereses generales, entre ellos, la revisión de oficio. Esta prerrogativa le permite revisar sus propios actos con el objetivo de corregir decisiones. Cuando se detecta algo incorrecto, pueden darse dos situaciones: se invalida el acto administrativo o se considera una irregularidad que no lo invalida.

¿Y qué es un procedimiento administrativo?

¿Sabes cuál es la diferencia entre un acto y un procedimiento administrativo? Lo cierto es que es frecuente confundir estos dos conceptos que, a pesar de su aparente semejanza, se refieren a distintas cuestiones. Para ayudarte a entenderlo, te proponemos echarle un vistazo a este vídeo:

¿Te quedan dudas? Este contenido se ha creado a partir del material didáctico del Grado Superior de Administración y Finanzas y del Grado Medio de Gestión Administrativa.

Y, si aún te quedan preguntas, déjalas en comentarios. Las responderemos sin ningún problema.